URUGUAY. El número tres del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, se sumó al reclamo de organizaciones sociales para que los candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia se sometan a audiencias públicas.
El artículo 236 de la Constitución establece que los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes.
El director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, dijo a El País que es necesario "transparentar" el proceso de nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte y que el momento de comenzar a discutir los cambios es ahora, dado que en los próximos meses el sistema político deberá acordar la designación de dos de los cinco ministros.
Cuando se produce una vacancia en el cuerpo, cuyos integrantes pueden permanecer en el cargo un máximo de diez años, la Suprema Corte lo comunica a la Asamblea General. Allí comienza a correr un plazo de noventa días para que los partidos políticos negocien el candidato a proponer. Dicha negociación se hace en reserva y hasta que uno de los nombres manejados lograr reunir los dos tercios de voto necesarios.
No obstante, vencido el plazo sin designación, la Constitución prevé que quede automáticamente nombrado como ministro el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo.
"Estamos próximos a cambios en la integración de la Suprema Corte y tenemos la oportunidad de darle transparencia al funcionamiento de la Justicia. No estamos planteando que se alteren los mecanismos previstos por la Constitución, sino incluir otros procedimientos que, sin dudas, permitirán tener una mayor información sobre los candidatos y otro control sobre su designación", dijo Álvarez a El País.
Mañana dejará su cargo en la Suprema Corte el ministro Julio César Chalar, por cumplir 70 años de edad. El 6 de junio de 2015 cesará en su cargo el ministro Jorge Ruibal Pino, también por cumplir 70 años de edad, el máximo que la Constitución permite para ocupar cargos en el Poder Judicial.
"Creemos que las audiencias públicas previas al nombramiento pueden ser un buen mecanismo para mejorar la calidad democrática. Deben ser voluntarias y allí comparecerán los candidatos a ser designados. El hecho de no ir constituye, de por sí, una toma de posición", sostuvo Álvarez.
En esa misma línea, semanas atrás, unas 130 organizaciones sociales presentaron una petición ante la Asamblea General del Parlamento reclamando la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en el proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia.
"No se fundamenta, no se discute, ni hay intervenciones o informes de comisiones que argumenten sustancialmente la razón y motivos para la elección de la persona designada", denuncia el petitorio.
Álvarez aclaró que no promueve una reforma de la Constitución. "Si nos embarcáramos en una reforma constitucional habría que cambiar mucho más que esto en el Poder Judicial para darle transparencia. Pero para las audiencias públicas no se requiere ni ley ni cambiar la Constitución. Por eso es un buen mecanismo", afirmó y puso como ejemplo experiencias vinculadas a proyectos que afectan el medioambiente y la adjudicación de la televisión digital que se sometieron a audiencias públicas
Explicó que el programa de gobierno del Frente Amplio no propone nada en este sentido, aunque señaló que en la fuerza política hay "sensibilidad" frente a este tema.
Para ser miembro de la Suprema Corte se requiere tener cuarenta años de edad cumplidos y se debe ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por ocho años.
Fiscal recurrió fallo sobre Calloia
El fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez presentó ayer un recurso de casación contra la revocación del procesamiento del expresidente del Banco República, Fernando Calloia. El exjerarca había sido procesado sin prisión en el pasado mes de abril por abuso de funciones debido a las irregularidades en torno al trámite del aval por US$ 13,8 millones a la empresa Cosmo, que ofertó US$ 137 millones por los siete aviones Bombardier CRJ-900 que pertenecieron a Pluna y luego desistió del negocio.
Gómez dijo a El País que basa su recurso en argumentos "estrictamente jurídicos". Ahora, la Suprema Corte de Justicia deberá estudiar si admite dar trámite en la acción, en cuyo caso luego dará vista a la defensa de Calloia, luego al fiscal de Corte y finalmente el caso pasará a estudio de los ministros de la Corporación. Todo ese proceso es factible que insuma entre seis y ocho meses, indicó el fiscal.
El pasado 13 de octubre, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno, por dos votos contra uno, revocó el procesamiento de Calloia que había sido dispuesto por la jueza Adriana de los Santos. La sala entendió que el exjerarca del banco estatal actuó dentro de sus potestades. (EL PAIS/ INFORME NACIONAL/ 04/11/2014/ Página 10)
