Juicios por Jurados ¿caro ...señor?
Hace poco una publicidad del termo Stanley decia: '¿caro señor? caro es...(ponia varios ejemplos de termos que por baratos resultaban siendo caros) finalizaba demostrando que como aquel dicho popular, lo barato sale caro.
Después que ex periodista del diario El Obserador publicara una interesante nota revelando que hay varias personalidades afines a analizar la regulacion del art. 13 de la Constitución (Juicios por Jurado) apareció un Editorial del Dr. Ricardo Peirano titulado “Doce hombres en pugna” del 27 setiembre 2017.
En su opinión el Juicio por Jurado, tiene “dificultades y problemas”.
El objetivo manifiesto de la nota es, sin perjuicio de una aceptación inicial, es analizar su implementación pero “a largo plazo”.
Termina con un memorable canto conservador, de que todo cambio en Uruguay: “es el ritmo cansino a que se mueve cualquier reforma importante en nuestro país”.
Los argumentos, presentados no como contrarios al Juicio por Jurado sino como dificultades para su implementación, son cuatro:a) el costo de los Jurados;b) su costo indirecto en desatención de las familias y de las empresas;c) la cuestión del intelectualismo y educación en los integrantes del Jurado;d) cuando no, el antecedente del caso de La Ternera presentado como causa de la abolición por soborno. En esta oportunidad vamos a refutar la cuestión del costo de Jurado como argumento contra su implementación. Es paradójico que se ataque por costoso a un instituto en el cual por definición todos sus integrantes son honorarios. Esa contradicción ya está indicando un error en el planeamiento. En ningún ejemplo de Derecho comparado existen jurados retribuidos; en todo caso, en algunas legislaciones se prevé el pago de viáticos indemnizatorios. El planteamiento es incorrecto. La cosa es al revés. La cuestión del costo presupuestal debe atender a lo que cuesta la Justicia Oficial con su aparato burocrático de oficinas, jueces y su personal de funcionarios asalariados. Los ciudadanos que concurren a integrar el Jurado hacen una ayuda honoraria a la Justicia. El voluntariado civil es una experiencia generalizada que se distingue de la burocracia oficial en las diversas actividades del Estado y no sólo en la justicia. Ciudadanos que concurren para aliviar el costo elevadísImo que acarrea de lo que Jose Ingenieros denominaba “el rebaño voraz”. No es responsable atribuir al instituto honorario del Jurado la adjetivación de caro, sin respaldar esa afirmación en estudios técnicos de costos. Desconozco que existan estudios realizados en nuestro país, pero hay un par de estudios en Argentina. En la provincia de Córdoba, pionera en la implementación del Juicio por Jurado, donde ya lleva más de una década de vigencia, fue realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba una evaluación económica del funcionamiento de sus jurados en el período 2005 a 2012. El estudio concluye en un costo promedio de pesos argentinos $ 20.840,oo. Se ha considerado que no parece ninguna desmesura como para descalificar a los Jurados. Pero la verdadera cuestión es cuánto cuesta cada juicio de la Justicia Penal Oficial cuando no cuenta con el auxilio de jurados honorarios.
La Oficina de Investigación y Estadísticas Criminales del Ministerio Público de la Nación en Argentina publicó un estudio del costo de la justicia penal ordinaria en el año 2003;ese estudio económico contable concluyó en un costo promedial por caso sentenciado en el fuero federal de pesos argentinos $ 67.013,oo. Si se refiere al costo de la estadía u hotelería para los Jurados, su aislamiento y encierro, es un argumento de franco rechazo: Porque la regla clásica para la actuación de los Jurados es “un jurado, un dia”. Ello no quita que en casos muy complejos pudiera requerirse mayor duración, pero son casos raros. El encierro o aislamiento del Jurado es en algunas soluciones de otros países una alternativa también extraordinario, fuera del común de los casos. Puede justificarse cuando el ambiente social es particularmente agresivo u hostil, para evitar la presión social desmedida. Pero estamos hablando de casos faros, como un tornado o una inundación, situaciones que también requieren desembolsos presupuestales imprevistos y, en general, escasa significación para el erario público. Cabe observar que en el proyecto uruguayo de Ley de Jurados, no se prevé esa alternativa del encierro o aislamiento de los jurados. (Me refiero a los proyectos de ley redactados por la institución JURADIS de Uruguay, que fueron presentados y corren en carpetas oficiales legislativas, en el año 1995 (diputado Olivar Cabrera) y en el año 2003 (diputado Lay Alvarez). El proyecto ROU no establece el pago de viáticos a los Jurados. Sin ser punto reglado por la norma legal, puede ser tema de la reglamentación y de su implementación práctica. Sería una cortesía del estado con los ciudadanos solidarios bien justificada, pero unas viandas o unos cafés, no pondrían en riesgo la hacienda pública. El planteo parece de una mezquindad rechazable (supina). De hecho, el estado está acostumbrado a atender la alimentación y estadía de ciudadanos en situaciones excepcionales, como los inundados víctimas de catástrofes, o aún de indigentes.
Dice el artículo cuarto de nuestro proyecto de Ley de Jurados, “El servicio del Jurado es obligatorio, considerándose una carga de la ciudadanía”; “el ejercicio efectivo de la función de Jurado constituirá servicio público relevante estableciendo una presunción de idoneidad moral”. Es una situación bien conocida, nada raro. Cuando los ciudadanos somos llamados a integrar una Mesa de Votación es una carga cívica; pasamos trabajando en una oficina todo el día sin pago, ni siquiera de viáticos, y todavía la viandita el termo y el mate lo aportamos nosotros, no hay bandejas de comida pagadas por el Estado. A lo más, si es que son funcionarios públicos, el Estado les concede una licencia compensatoria especial.
Lo mismo se un Juzgado cualquiera nos cita como testigos, tenemos que ir sin pago y sin viáticos. Si somos empleados privados dice la Ley que no se descontará del salario del testigo compareciente el tiempo que estuvo a disposición del Tribunal. Esto sí lo establece el proyecto uruguayo de Jurado actualmente en carpeta del Poder Legislativo
Creo que es esto lo que alarma al Dr. Peirano Basso como costo indirecto del Jurado, el hecho de que la empresa no puede descontarle el día de salario en que estuvo a disposición del Tribunal cumpliendo la solidaria carga cívica de testigo. Pero los empresarios también tienen responsabilidad social y no pueden tomar actitudes mezquinas ante situaciones de tal valor cívico y solidario. Deberían cuidar al conciudadano que cumple una función cívica honoraria con el mismo esmero con que deben cuidar la salud delas familias ante los agroquímicos o la protección de los ahorros públicos familiares.
Me da que pensar que cuando se habla de costos indirectos por desatención de los deberes familiares y laborales por los jurados, no se está pensando tanto en las familias (que ninguna se ha quejado de ello) sino en la mezquindad empresarial de no querer parar un salario que no va para su actividad lucrativa sino para cumplir una función cívica honoraria e bien común. Parece que eso es lo que le duele al editorialista, el hecho de que el empleado desatienda su trabajo para ejercer el deber cívico, y que el patrón no le pueda descontar como día de no trabajo efectivo. Es una contribución de solidaridad mínima a una cuestión de interés general. Ni siquiera lo dice explícitamente, porque no sería políticamente correcto decirlo, pero a eso se refiere obviamente. Y no es significativa, porque se trata de situaciones excepcionales y de corta data. La regla es UN JURADO UN DIA, la posibilidad de que lleve muchos días es rara y excepcional. Tampoco es una experiencia repetida para los ciudadanos; ser sorteado como jurado es tan aleatorio como el ser entrevistado personalmente en el curso de una encuesta de opinión pública sorteo. Aún, el hecho de salir sorteado por segunda vez, suele ser una situación que habilita a excusarse de la nueva intervención. El hecho de haber desempeñado la función de Jurado dentro del bienio anterior, es causal legal para quedar exento del nuevo servicio. Existe un grave desconocimiento del funcionamiento del Jurado en quienes se alarman por las “complejas dificultades prácticas y estructurales” que enfrenta la instalación de los Jurados para cada caso criminal. La realidad es que en ningún país los Jurados intervienen en todos los casos criminales. El Jurado está reservado para los casos más graves, sea por la naturaleza del delito (“delitos de sangre” en el actual Jurado brasileño) o la entidad de la pena (“quince años” en el actual Jurado de Buenos Aires). Y aún en esa lista legal de casos, solamente se constituye un Jurado cuando hay controversia entre las partes sobre los hechos a probar como esenciales para la determinación de la culpabilidad del procesado.
Según un análisis del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de Córdoba, en los primeros siete años de la aplicación (entre 2005 y 2011) de los jurados populares en el sistema judicial provincial hubo sólo 215 procesos que se resolvieron mediante esta modalidad de enjuiciamiento. Treinta por año.
El 15% con veredicto absolutorio y 85% de condenas.
Montevideo, setiembre 30 de 2017Dr. Alfredo Fernández VicenteDirectivo de la ONJJURADIS URUGUAYhttps://justiciaparatodos.blogia.com/
Juicios por Jurado, proyecto de ley; Parlamento del Uruguay
JURADOS EN CAUSAS CRIMINALES. PROYECTO DE LEY
Normas para su celebración
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DEL JURADO
Artículo 1º. (Remisión).- Cuando tenga lugar el Juicio por Jurados, se aplicarán las reglas comunes con las modificaciones que establecen los artículos siguientes.
Artículo 2º. (Competencia).- Es de competencia del Jurado el juzgamiento de los casos en que la acusación solicite la aplicación de
pena de penitenciaría, siempre que proceda proceso ordinario y exista controversia sobre cuestiones de hecho.
En las mismas condiciones juzgará, aun cuando no se solicite la aplicación de pena de penitenciaría, cuando la imputación verse sobre uno cualquiera de los siguientes delitos:
A) Fraude (artículo 160 del Código Penal).
B) Conjunción del interés particular y el público (artículo 161 del Código Penal).
C) Abuso de funciones (artículo 162 del Código Penal).
D) Revelación de secretos (artículo 163 del Código Penal).
E) Omisión contumacial de los deberes del cargo (artículo 164 del Código Penal).
F) Peculado (artículos 153, 154 y 155 del Código Penal).
G) Concusión (artículo 156 del Código Penal).
H) Cohecho (artículos 157 y 158 del Código Penal).
I) Soborno (artículo 159 del Código Penal).
J) Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos (artículo 177 del Código Penal).
K) Concurso de los funcionarios públicos en la evasión (artículo 186 del Código Penal).
L) Encubrimiento cuando fuere cometido por funcionario público (artículo 197 del Código Penal).
LL) Atentado a la libertad personal cometido por funcionario público encargado de la cárcel (artículo 285 del Código Penal).
M) Abuso de autoridad contra los detenidos (artículo 286 del Código Penal).
N) Falsificación documentaria cometida por funcionario público (artículos 236, 237 y 238 del Código Penal).
Ñ) Certificación falsa por funcionario público y falsificación de certificados por funcionario público (artículos 241 y 242 del Código
Penal).
O) Destrucción, supresión, ocultación de documento o certificado cuando fuere cometido por funcionario público (artículo 244 del
Código Penal).´
P)Demás delitos de corrupción que se definirán por ley especial.Asimismo, en todos los casos en que medie acusación por
imputación de delitos cometidos por la prensa u otros medios de comunicación, y exista controversia sobre cuestiones de hecho.
Artículo 3º. (Condiciones para ser Jurado).
Puede ser llamado a integrar el Jurado todo ciudadano natural o legal (artículo 77 de la Constitución de la República) sin otros requisitos que los siguientes:
A) Ciudadanía en ejercicio (artículo 80 de la Constitución de la República).
B) Edad de entre veinticinco y setenta años (artículos 247 y 249 Constitución de la República).
C) Saber leer y escribir.D)Tener residencia en el país y ocupación conocidas aunque transitoriamente carezca de empleo.
Artículo 4º. (Obligatoriedad y exenciones)
El servicio del Jurado es obligatorio, considerándose una carga de la ciudadanía por un término de hasta dos años.
El ejercicio efectivo de la función de Jurado constituirá servicio público relevante estableciendo presunción de idoneidad moral.Quedan exentos del servicio:
A) El Presidente de la República y los Ministros de Estado.B)Los titulares de cargos públicos electivos, nacionales, departamentales o locales.
C)Los magistrados y miembros del Ministerio Público.D)Los funcionarios en servicio activo, judiciales, policiales y militares.
Quedan facultados para rehusar el servicio:
A) Quienes hubieran desempeñado efectivamente la función de Jurado dentro de los 2 años anteriores a la presente convocatoria.
B)Quienes justifiquen la imposibilidad de atender el servicio por razones de salud u otras absolutamente insuperables.
Artículo 5º. (Lista general de Jurados).- Cada dos años, antes del primero de marzo, la Suprema Corte de Justicia, determinará el número de Jurados que repute necesario para el despacho de las causas penales del bienio siguiente, comunicándolo a la Corte Electoral para que ésta, dentro del plazo de 60 dias, sortee la nómina de ciudadanos activos que hayan de desempeñar dichos cargos.
Existiendo Tribunales Penales con competencia territorial no nacional, la Suprema Corte de Justicia instruirá a la Corte Electoral a efectos de que los ciudadanos sean sorteados entre los circuitos electorales que correspondan, en lo posible, con aquella.
Los nombramientos se efectuarán por la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta días, notificándose a los electos.
En caso de justo motivo de excusación o de exención legal serán sustituidos siguiendo el mismo procedimiento.
La lista general de Jurados, con indicación de sus respectivas ocupaciones y residencias será publicada en el Diario Oficial y dos periódicos de circulación nacional, dentro del plazo de diez días, así como en edictos colocados en la Suprema Corte de Justicia y Tribunales Penales.
El incumplimiento a los plazos establecidos en este artículo se considera falta grave pasible de juicio político contra los omisos.
Artículo 6º. (Panel de Jurados).
Cuando deba integrarse un Jurado, el Tribunal respectivo convocará a audiencia al Ministerio Público y defensor o defensores para sortear treinta y seis jurados a partir de la lista general. Los sorteados serán citados en la misma forma y bajo apercibimiento de las mismas sanciones que los testigos para la audiencia de instalación del Jurado de la causa.
Artículo 7º. (Jurado de la causa).-En la audiencia de instalación del Jurado de la causa, el Ministerio Público y la Defensa podrán interrogar informal y sumariamente a los Jurados, con facultad de recusar sin expresión de causa hasta seis Jurados por cada parte.
En caso de pluralidad de imputados, el Juez distribuirá equitativamente entre ellos esa facultad.
Depurada la lista, el Juez seleccionará doce miembros, siguiendo el criterio de la máxima representatividad social, quedando los restantes como suplentes.
A continuación serán resueltas en la propia audiencia por el Juez, en forma irrecurrible, las recusaciones y excusaciones respecto de los Jurados seleccionados recurriendo en cuanto fuere preciso a los suplentes. El Juez tomará juramento a
los doce titulares del Jurado de la causa, instruyéndolos sobre la trascendencia y responsabilidad de sus cargos.
CAPÍTULO II
PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCLUSIÓN DE LA CAUSA.
Artículo 8º. (Integración del Jurado).- Una vez firme el auto de procesamiento y cuando proceda el Juicio por Jurado, el Tribunal dispondrá su instalación de acuerdo a las reglas establecidas en el Capítulo anterior.
Artículo 9º. (Ofrecimiento de prueba).- Ambas partes, en la acusación o en su contestación, podrán proponer la repetición de diligencias probatorias, ampliación de las realizadas o nuevas, estando al respecto a lo dispuesto en esta ley.
Estas pruebas serán diligenciadas en la audiencia de conclusión de la causa.
Artículo 10. (Prueba de oficio).- En la decisión de convocatoria, el Juez ordenará, de oficio, la recepción de la prueba pertinente y útil que considere conveniente, siempre que su fuente resida en las actuaciones practicadas.
CAPÍTULO III
AUDIENCIA DE CONCLUSIÓN DE LA CAUSA
Sección I
Disposiciones generales
Artículo 11.- La audiencia de conclusión de la causa se efectuará con la presencia de los miembros del Jurado.
Artículo 12. (Continuidad y suspensión).- La audiencia se desarrollará íntegramente en el día señalado. En el caso de ser necesaria su prórroga por agotarse el tiempo disponible, proseguirá en el o los días consecutivos. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, computados continuamente, sólo en los casos siguientes:
1) Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, incluso por una revelación inesperada que haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones.
2) Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y fuere imposible o inconveniente continuar la audiencia hasta que ellos sean hechos comparecer por la fuerza pública.
3) Cuando el Juez, o algún Jurado, el imputado, su defensor o el representante del Ministerio Público, se enfermen a tal extremo que no pudieren continuar interviniendo en la audiencia, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente; la regla también regirá en caso de muerte del Juez, algún Jurado, del representante del Ministerio Público y del defensor.
Excepcionalmente, el Juez podrá disponer la suspensión de la audiencia, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente.
El Juez decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para todos los intervinientes.
Antes de comenzar la nueva sesión, el Juez resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.
El Juez ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará al día siguiente la audiencia.
Artículo 13. (Interrupción).
Si la audiencia no se reanuda a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpida y deberá ser realizada de nuevo, desde su iniciación.
La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán la audiencia, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.
Artículo 14. (Lectura)
Sólo podrán ser incorporados para su lectura:
1) Las actas o dictámenes, cuando todos los intervinientes presten conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan durante la audiencia, con la aquiescencia del Juez.
2) Las declaraciones anteriores de testigos o del imputado, cuando sea necesario ayudar la memoria de quien declara o para demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas en la audiencia y solicitar las aclaraciones pertinentes.
3) Las declaraciones de testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por cualquier obstáculo difícil de superar no puedan declarar en la audiencia, siempre que esas declaraciones se hayan recibido como diligencias preparatorias o como diligencias de la audiencia previa al juicio o posteriormente, siguiéndose las reglas delCódigo General del Proceso.
4) Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe, cuando el acto se haya producido por escrito según una autorización legal.
5) Los dictámenes periciales, siempre que hayan sido cumplidos conforme a las reglas del Código General del Proceso, sin perjuicio del deber del perito de concurrir a la audiencia.
6) La denuncia, la prueba documental o de informe y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal, secuestros y los reconocimientos a que el testigo eludiere en su declaración durante la audiencia.
Artículo 15. (Imposibilidad de asistencia)
Los órganos de prueba que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen por el Juez o por medio de exhorto a otro Juez, según los casos, pudiendo participar en el acto los demás intervinientes en la audiencia.
El Juez podrá decidir, en razón de la distancia que las declaraciones testimoniales o los dictámenes periciales se reciban en donde resida el testigo o el perito por un Juez comisionado, labrándose el acta o el informe escrito respectivo, que se leerá en la audiencia, salvo cuando quien ofreció la prueba anticipe todos los gastos necesarios para la comparecencia de la persona propuesta.
Artículo 16. (Deberes del Juez)
El Juez tiene el deber de asistir a los Jurados para que lleguen a la decisión justa. A tales efectos tiene amplios poderes de instruirles acerca del derecho aplicable, resumir y comentar las pruebas y aconsejarle sobre las cuestiones de hecho que tienen que decidir. En todo caso deberá dejar especialmente aclarado que su asesoramiento es sin perjuicio de la soberanía del jurado en sus decisiones.
Sección II
Desarrollo
Artículo 17. (Incorporación)
Los Jurados se incorporarán en la oportunidad de la apertura de la audiencia, antes de que el Juez declare abierto el debate, mediante el compromiso solemne siguiente:"Asumo el compromiso de juzgar este caso, en nombre del pueblo de la República Oriental del Uruguay, con justicia e imparcialidad, según la Constitución y el Derecho, con arreglo al dictado de mi conciencia".
El compromiso será tomado de viva voz por el Juez.
Artículo 18. (División)
El debate se dividirá obligatoriamente en dos partes, tratando la primera la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado, y posteriormente, la cuestión acerca de la determinación de la pena y aplicación de las medidas de seguridad que
correspondieren.La primera parte servirá de base para el veredicto del Jurado.
La segunda servirá de base para que el Juez determine las consecuencias del veredicto referido.
Artículo 19. (Exposiciones iniciales)
Luego de la lectura de la acusación y de la contestación, se les concederán diez minutos a las partes, que podrán ser prorrogados por un término prudencial por el Juez, a fin de que efectúen una exposición sobre las pretensiones
y la prueba en que se fundan.
Artículo 20. (Alegatos)
Diligenciada la prueba, las partes tienen veinte minutos para sus alegatos, los que pueden ser prorrogados por el Juez prudencialmente. A continuación el Ministerio puede replicar y la defensa duplicar por un lapso de diez minutos que
también puede ser prorrogado por el Juez.
Siempre en todos los casos se dará la palabra en último término al imputado, quien hablará, si lo desea, por el término que le conceda el Juez.Habiendo mas de un imputado, el tiempo para la acusación y para la defensa será doblado en relación a todos. Habiendo mas de un defensor, combinarán entre sí la distribución del tiempo, que, a falta de entendimiento, será marcado por el Juez.
Artículo 21. (Propuesta de veredicto)
En oportunidad de alegar sobre la prueba, las partes culminarán su informe proponiendo al Jurado su veredicto.La propuesta se deberá formular en términos claros, concretos y concisos, describirá los hechos que juzgará el Jurado, con la limitación de que no podrán sobrepasar los hechos y las circunstancias descritas en la acusación, o, en su caso, en la modificación de la pretensión fiscal, o, de la misma manera, negará su existencia, total o parcialmente o la participación del imputado
en él, expresando la decisión que se espera del Jurado.
No se podrán formular propuestas alternativas.
El Juez analizará las propuestas de veredicto y si alguna merece objeción, intimará al interviniente respectivo para que la ajuste, según las reglas del párrafo anterior.
Si el interviniente no ajusta su propuesta, conforme a la admonición del Juez, caduca su facultad de proponer, que quedará desierta.
Los hechos descritos en la acusación y en la ampliación de la misma, si existieren, más el veredicto de culpabilidad que ellos
suponen, conforme a su sentido, se considerará siempre como una propuesta de veredicto.
Las propuestas de los intervinientes se harán constar en el acta del debate.
Artículo 22. (Asesoramiento final)
Clausurado el debate, el Juez entregará las propuestas, incluida la contenida en la acusación al Jurado, y le asesorará sobre las cuestiones que tienen que considerar y las normas que rigen la deliberación.
Artículo 23. (Deliberación).- El Jurado pasa a continuación a deliberar en sesión secreta y continua, sin la presencia del Juez ni funcionario alguno.El mismo elegirá su Presidente, y bajo su dirección, analizará las propuestas. El Jurado deberá decidir por
unanimidad, pero si transcurridas dos horas de deliberación no se obtuviera, decidirá por el voto coincidente de diez de sus integrantes.
Admitirá, total o parcialmente, algunas de las propuestas y expresará su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. La sesión terminará cuando se consiga un veredicto.
El Jurado puede estimar imprescindible, durante la deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas.
A tales efectos el Presidente del Cuerpo solicitará al Juez la reapertura del debate y la adopción de las medidas pertinentes.
En caso de alcanzar veredicto de culpabilidad, el Jurado podrá establecer el porcentaje mínimo de prisión efectiva que deba cumplir el imputado.
Cuando el Jurado haga uso de esta facultad, el mínimo de prisión efectiva deberá ser respetado aun en los casos de aplicación de los regímenes de libertad condicional, anticipada, suspensión condicional de la pena, gracia o institutos análogos.
Artículo 24. (Pronunciamiento del veredicto)
Logrado el veredicto, el Jurado se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia y por intermedio de su Presidente lo leerá.
En primer término declarará, en nombre del pueblo, culpable o no culpable al imputado; después, leerá la propuesta que admite, y, en su caso, expresará las modificaciones parciales.
Podrá asimismo establecer el porcentaje mínimo de prisión efectiva que deba cumplir el imputado (ver artículo 23).
Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los Jurados.
Artículo 25. (Debate posterior)
Si el veredicto fuera de culpabilidad, el debate continuará con la recepción de los medios de prueba que se hubiesen ofrecido para individualizar la pena y eventualmente la medida de seguridad.
Terminada la recepción de la prueba, el Juez procederá a oír a las partes, por un término de diez minutos, prorrogables prudencialmente.
Los informes se limitarán a fundar las consecuencias jurídicas del veredicto del Jurado.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad no se realizará debate posterior.
CAPÍTULO IV
ANULACIÓN DEL VEREDICTO Y NUEVO JUICIO
Artículo 26. (Anulación del veredicto)
Si la decisión del Jurado fuere manifiestamente contraria a la prueba del debate, en la misma audiencia de conclusión de la causa, el Juez anulará el veredicto y ordenará nuevo juicio.
El mismo podrá diferir la expresión de los fundamentos prorrogando la audiencia, la que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de setenta y dos horas.La anulación será dispuesta de oficio, o a petición del Fiscal o del defensor.
Contra la resolución del Juez disponiendo la anulación, así como contra la que deniega la solicitud de anulación, no cabe el recurso de apelación.
Artículo 27. (Nuevo juicio)
En el nuevo juicio serán excluidos de las listas de Jurados quienes hayan tomado parte en el primero. El veredicto del nuevo Jurado no es pasible de anulación por el Juez de la causa, sin perjuicio de la resultancia del recurso de casación contra la sentencia definitiva que le sigue.
CAPÍTULO V
SENTENCIA, CASACIÓN, REVISIÓN
Artículo 28. (Sentencia)
La sentencia del Juez se ajustará a las reglas del Código General del Proceso y las de esta ley, con la siguiente modificación.
En lugar de la enunciación de los hechos y de los fundamentos en cuya virtud se los tiene por probados,
transcribirá las propuestas finales del Fiscal y del defensor y el veredicto del Jurado.El veredicto de no culpabilidad será obligatorio para el Tribunal.
Si el veredicto de culpabilidad, conforme a la ley penal, no permite la aplicación de una pena o medida de seguridad, el Juez absolverá, si el Juez decidiera la exención de pena, condenará según el veredicto de culpabilidad y expresará su decisión sobre la
pena o medida
Artículo 29. (Casación)
Contra las sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin a la pretensión penal o hagan imposible la continuación del proceso procede el recurso de casación. Al mismo se aplican las reglas del Código General del Proceso con las precisiones y modificaciones de esta ley.Constituirá un motivo absoluto de casación la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución del Jurado y a la capacidad de sus miembros.
Artículo 30. (Exclusión de apelación)
Contra las sentencias indicadas en el artículo anterior no cabe el recurso de apelación.
Artículo 31. (Revisión)
Procederá el recurso de revisión en las causas previstas por esta ley.
Artículo 32. (Aplicación en el tiempo)
Esta ley entrará en vigencia a los noventa días de su promulgación, y se aplicará a los procesos judiciales pertinentes por delitos cometidos a partir de su entrada en vigencia
Cada vez más provincias incorporan juicios por jurado en Argentina.
Cada vez más provincias incorporan juicios por jurado en Argentina. Ocurre en medio de las críticas a la Justicia por fallos que generan polémica y los reclamos de la gente que considera que los jueces son garantes de la llamada "puerta giratoria".
En medio de las críticas a la Justicia por fallos que generan polémica y los reclamos de la gente que considera que los jueces son garantes de la llamada "puerta giratoria", cada vez son más provincias las que se suman al sistema de juicio por jurados.
Incluso hace un par de semanas, el juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti afirmó que para "democratizar en serio" a la justicia se debería instrumentar el juicio por jurados y dijo que la sociedad está "preparada" para convivir con esta instancia.
Cómo son los juicios por jurados en la Argentina y en dónde se aplican:
.Si bien el Juicio por Jurado es un mandato de la Constitución Nacional de 1853 y es la forma de administrar la justicia en gran parte del mundo, solamente tres provincias lo han implementado hasta ahora: la pionera Córdoba (2005), Neuquén (2014) y Buenos Aires (2015).
.Las provincias que empiezan su aplicación son Chaco y Río Negro.
Ya sancionaron sus leyes
.Santa Fe Salta Caba y Chubut Mendoza Entre Ríos y La Rioja tienen discusión parlamentaria
.En Bs As ya se hicieron cerca de 80 juicios. 67% de condenas Y 33% de no culpable Las mismas cifras que los Estados locales de Estados Unidos
Cómo funciona:
.En territorio bonaerense es opcional: la elección está en manos del acusado y su defensa. Se puede optar por este sistema "en todos los delitos que puedan ser penados con más de 15 años de prisión, excepto delitos de corrupción"
.Hay un proceso de selección de los ciudadanos. Se elabora un pequeño padrón en base a un sorteo. Para el día del juicio son citados 48 ciudadanos (24 mujeres y 24 hombres) de entre 21 y 75 años.
.En esa primera audiencia, se filtra a las personas que tengan impedimentos para ejercer de jurados. Entre otras cosas, no pueden tener vínculos con la víctima, con el imputado ni con el fiscal. No pueden ser abogados ni ejercer cargos públicos por elección popular. Tampoco pueden estar en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad.
.Se eligen 12 titulares y 6 suplentes. Mitad mujeres, mitad hombres.
Veredicto
.El veredicto de culpabilidad exige como mínimo 10 votos, salvo que el delito que se juzga tenga prevista pena de prisión perpetua, en cuyo caso el fallo deberá darse por unanimidad.
.Si los jurados no llegan a un acuerdo, se debatirá y se volverá a votar hasta tres veces. Si la situación no cambia, el veredicto "será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado".
.Si eso sucede, el juez le preguntará al fiscal si quiere continuar con el ejercicio de la acusación. En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el particular damnificado sostenga la acusación.
.En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se procederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio con otro jurado
Ventajas:
.Le da participación a la ciudadanía en la Justicia, algo que siempre fue un reclamo.
.El fallo resulta menos arbitrario
.Jueces, fiscales y abogados se ven obligados a simplificar el lenguaje, ya que tienen que hacerse entender ante ciudadanos comunes, y no ante otros funcionarios judiciales como ocurre en los juicios tradicionales
.Las encuestas coordinadas por el Ministerio de Justicia y varios de los tribunales intervinientes -antes y después de los juicios- revelan que el 90,5% de los jurados mejoraron su imagen en la Justicia luego de sus experiencias y que casi el 72% tendría ganas de volver a repetirla. Además, el 97% de los jurados encuestados detallaron que no tuvieron inconvenientes para comprender las instrucciones legales del juez ni las exposiciones de las partes.
Desventajas
Uno de los principales temores del uso de estos juicios es que el prejuicio social pueda resultar arbitrario. En los casos llevados adelante hasta ahora, no pareciera darse así. Los jurados se han tomado su rol con mucha responsabilidad. No es lo mismo comentar en un foro de un medio digitial que tener en tus propias manos la decisión sobre la libertad o no de una persona.
¿La Ong Juradis/Uruguay fue excluída del Dialogo Social en Presidencia?
La Ong Juradis Uruguay, existe desde 1992. Fue fundada por un grupo de personas sinceramente interesadas en mejorar el sistema de justicia del Uruguay.
Integran Juradis Uruugay, desde amas de casa hasta profesores de la Facultad de Derecho, y recibe adhesiones cada día.
Juradis Uruguay sostiene que el Sistema de Justicia uruguayo necesita de la participación activa de del pueblo, (ver artículo 13 de la Constitucion vigente).
En tres legislaturas pasadas se ha presentado el anteproyecto de ley de Juicios por Jurado al Parlamento.
El proyecto llegó a ser aprobado por la Camara de Diputados y luego pasó el Senado donde caducó por falta de tratamiento.
El Juicio por Jurado debe regularse y aplicarse en el sistema de Justicia del Uruguay. Eso haría que varias causa penales fueran juzgadas por un Jurado, con la direccion del Juez o Jueza del caso.
El Jurado lo integran 12 personas, sorteadas del padrón electoral y con Credencial Cívica vigente, mas 36 personas de igual condición como suplentes, para el caso de exclusión o impedimento.
Juradis Uruguay se presentó al Dialogo Social convocado por la Presidencia de la República y fue aceptada.
¿Que pasaría con algunas causas penales, si personal del pueblo integran un Jurado?
PROPUESTA de JURADIS URUGUAY EN EL DIALOGO SOCIAL:
Participación popular en la administración de justicia y mejora de la seguridad ciudadana.-
LA PROPUESTA CORRESPONDE AL BLOQUE TEMATICO: Mesa 6, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.-
PERSONA DE CONTACTO:
PRIMER CONTACTO: Dr. Carlos APARICIO RUIZ (098.493.021 y 4378.8476) email aparicioruiz@gmail.com SEGUNDO CONTACTO: Prof. Dr. Alfredo FERNANDEZ VICENTE (098.368.078 y
2901.5928) alfredobernabefernandezvicente@gmail.com
PROPUESTA:
RESUMEN EJECUTIVO:
La propuesta implica la participación ciudadana también en el tercer Poder del Estado; en términos de la Constitución italiana de 1946 art.102, una modalidad de participación
directa del pueblo en la administración de justicia. Significa aplicar y reglamentar el artículo 13 de la Constitución uruguaya:
-« La ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas criminales »
La habilitación indispensable de la ciudadanía para la actuación del poder de castigar del Estado, cuándo castigar y cuándo no, contribuye a la mejora de la seguridad ciudadana.
La importancia de un problema y la opacidad de su tratamiento, conforman la ecuación generadora del rumor y del temor social. La participación directa de la ciudadanía, sin perjuicio de los
Poderes representativos, implica y hace corresponsable a la ciudadanía participante que pasa a valorar la problemática como co-protagonista.
La propuesta afecta a la sociedad global por entero y los beneficios son igualmente extensivos a todo el conjunto de la sociedad. La democracia participativa hace que los actores
sociales protagonistas asuman corresponsabilidad en el problema, lo conozcan directamente derribando el muro de opacidad que suele envolver a la Justicia Criminal, desconocida, ajena,
temida, mal valorada.
Los recursos necesarios dependerán del alcance que se de al objeto de tratamiento de los jurados, institución que se restringe a los casos importantes (penas de penitenciaría) y
difíciles (dificultades probatorias de los hechos). Según consideraciones de política criminal puede variar el elenco de delitos a ser tratados por el Jurado, atendiendo a la alarma social
producida o a los conflictos entre la opinión pública y la justicia oficial. (Por ejemplo, casos de legítima defensa en homicidios que involucran violencia doméstica, cuestiones de género, delitos
de corrupción, crímenes contra la vida, etcétera).
Por esta misma razón, se proponen medidas complementarias de descongestionamiento de las causas penales tales como el proceso penal abreviado para las causas leves o donde no
hay problemas probatorios, la transacción penal homologada judicialmente, el proceso monitorio penal u otras para el grueso de los procesos.
Según el alcance del elenco de delitos a tratarse ante Jurados, el órgano máximo del Poder Judicial hace una estimación de la cantidad de casos a procesarse y jurados requeridos para
el bienio siguiente.
Los jurados son organismos ad hoc que no integran la burocracia estatal sino que actúan y se desintegran. Permiten descongestionar y liberar magistrados para sus tareas ordinarias.
Sus miembros son honorarios (carga social como la obligación de votar o participar en las mesas receptoras de votos) o bien perciben indemnizaciones módicas ; requiere presupuesto
de hotelería básica durante la actuación de los jurados, siendo la regla básica « un jurado un día ». Por lo tanto, no implican un aumento grave del gasto social.
El Jurado para causas criminales es una institución democrática clásica de la modernidad ampliamente intercionalizada en las sociedades europeo-americanas y sustentable
históricamente, desde el constitucionalismo original hasta experiencias contemporáneas como España y países ibero-americanos (Brasil, varias provincias argentinas), países angloameticanos
y europeo-continentales, en su forma clásica o escabinada. Por lo que está fuera de cuestión su internacionalización y sustentabilidad temporal.
La propuesta está habilitada expresamente por la Constitución de la República por lo que la elaboración normativa se limita a la ley de regulación de los jurados, para la cual existen
múltiples antecedentes (Código Procesal Penal módelo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Derecho comparado de la región iberoamericana, así como de países
angloamericanos y de Europa continental. Aportamos un proyecto articulado que recoge las experiencias de Derecho Comparado así como nacionales, pues una versión decimonónica del
instituto ya rigió durante un período histórico en Uruguay.
La instrumentación de la propuesta debe llevarse adelante por el Estado, sin perjuiciio de la colaboración y apoyo de agentes sociales. Se considerará exitosa en la medida que su
instrumentación mejore la comprensión y valoración del problema de la seguridad ciudadana y de la lucha contra la criminalidad, por la sociedad. Asmismo, en términos de incrementación del
moderno concepto de Democracia Participativa (George Burdeau).
La aplicacion de la propuesta impactará en el incremento del bienestar social en el área de la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, al dar protagonismo y conocimiento
directo del problema a los jurados, muestras representativas de la sociedad.-
ESPECIFICACION DE LA PROPUESTA : (ARIAL 11 archivo PDF)
Ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones.
Gilbert Chesterton
Ha llegado el final de la etapa en que la participación ciudadana se limitaba a presenciar la lucha entre policías y ladrones, o las discrepancias entre policías jueces.
Su participación ahora implica una amplia cooperación con los sistemas legales de aplicación jurídica y no se realiza en forma caprichosa sino a través de instituciones específicas
(policías, fiscales, jueces, defensores, jurados y víctimas).
De cualquier modo, las decisiones fundamentales suponen que el ciudadano común, principal víctima de la inseguridad, abandone la aspiración de comodidad para sustituirla por su
participación en la búsqueda de la justicia.
Los cambios que se proponen son importantes y sistémicos, aunque muchos deban aplicarse en forma progresiva dada la falta de recursos y de operadores calificados,
1. Jurados populares en su estructura clásica, como forma de participación ciudadana en la administración de justicia. Reservados para el tratamiento de “casos difíciles”;
preferentemente para temas en que la jurisprudencia ha tenido discrepancias con la opinión pública, como ser en casos de legítima defensa y feminicidio, entre otros. En el marco de una
reforma procesal penal que incluye los ítems siguientes. Se adjunta anteproyecto articulado propuesto por Juradis.
2. Juicios penales públicos por audiencias, en sistema oral y acusatorio integral.
3. Extensión de la ley de arrepentidos para todos los procesos penales.
4. Habilitar el juicio penal abreviado, la transacción homologada judicialmente y el proceso monitorio penal para el descongestionamiento de causas penales. Tiene incidencia indirecta
pero capital para el Jurado, pues éste debe reservarse para los "casos difíciles".
5. Participación judicial de las víctimas con derechos procesales amplios.
6. Eliminación del anonimato en los procesos penales. Habilitación a la prensa, excepto casos de menores y delincuentes primarios tratándose de delitos leves.
7. Implementación de una política general de Estado para la formación en derechos humanos y seguridad ciudadana en todos los niveles de la educación formal y aún en la extensión
comunitaria que alcance tanto al común de la ciudadanía como a los operadores de seguridad y justicia.
8. Instrumentación de protocolos generales de persecución e investigación criminal dictados por la Fiscalía de Corte de la Nación para la actuación de policías y fiscales.-
TITULO DE LA PROPUESTA: Participación popular en la administración de justicia y seguridad ciudadana.-
LA PROPUESTA CORRESPONDE AL BLOQUE:
Mesa 6: Temas vinculados a SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA:
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.-
Objetivo específico: incrementar la participación ciudadana en los Poderes del Estado, específicamente en el Poder Judicial y en la administración de la Justicia Penal, para mejorar la
valoración ciudadana de la seguridad pública.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Anteproyecto de ley, articulado redactado en la Institución JURADIS URUGUAY.
Poder Legislativo. Uruguay. Cámara de Diputados
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración
Carpeta Nº 2483 de 2002 /Repartido Nº 1079/ Octubre de 2002
JUICIOS POR JURADOS EN CAUSAS CRIMINALES
Normas para su celebración
PROYECTO DE LEY
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DEL JURADO
Artículo 1º. (Remisión).- Cuando tenga lugar el Juicio por Jurados, se aplicarán las reglas comunes con las modificaciones que establecen los artículos siguientes.
Artículo 2º. (Competencia).- Es de competencia del Jurado el juzgamiento de los casos en que la acusación solicite la aplicación de pena de penitenciaría, siempre que proceda proceso
ordinario y exista controversia sobre cuestiones de hecho.
En las mismas condiciones juzgará, aun cuando no se solicite la aplicación de pena de penitenciaría, cuando la imputación verse sobre uno cualquiera de los siguientes delitos:
A)
Fraude (artículo 160 del Código Penal).
B)
Conjunción del interés particular y el público (artículo 161 del Código Penal).
C)
Abuso de funciones (artículo 162 del Código Penal).
D)
Revelación de secretos (artículo 163 del Código Penal).
E)
Omisión contumacial de los deberes del cargo (artículo 164 del Código Penal).
F)
Peculado (artículos 153, 154 y 155 del Código Penal).
G)
Concusión (artículo 156 del Código Penal).
H)
Cohecho (artículos 157 y 158 del Código Penal).
I)
Soborno (artículo 159 del Código Penal).
J)
Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos (artículo 177 del Código Penal).
K)
Concurso de los funcionarios públicos en la evasión (artículo 186 del Código Penal).
L)
Encubrimiento cuando fuere cometido por funcionario público (artículo 197 del Código Penal).
LL)
Atentado a la libertad personal cometido por funcionario público encargado de la cárcel (artículo 285 del Código Penal).
M)
Abuso de autoridad contra los detenidos (artículo 286 del Código Penal).
N)
Falsificación documentaria cometida por funcionario público (artículos 236, 237 y 238 del Código Penal).
Ñ)
Certificación falsa por funcionario público y falsificación de certificados por funcionario público (artículos 241 y 242 del Código Penal).
O)
Destrucción, supresión, ocultación de documento o certificado cuando fuere cometido por funcionario público (artículo 244 del Código Penal).
P)
Demás delitos de corrupción que se definirán por ley especial.
Asimismo, en todos los casos en que medie acusación por imputación de delitos cometidos por la prensa u otros medios de comunicación, y exista controversia sobre cuestiones de hecho.
Artículo 3º. (Condiciones para ser Jurado).- Puede ser llamado a integrar el Jurado todo ciudadano natural o legal (artículo 77 de la Constitución de la República) sin otros requisitos que los
siguientes:
A)
Ciudadanía en ejercicio (artículo 80 de la Constitución de la República).
B)
Edad de entre veinticinco y setenta años (artículos 247 y 249 Constitución de la República).
C)
Saber leer y escribir.
D)
Tener residencia en el país y ocupación conocidas aunque transitoriamente carezca de empleo.
Artículo 4º. (Obligatoriedad y exenciones).- El servicio del Jurado es obligatorio, considerándose una carga de la ciudadanía por un término de hasta dos años. El ejercicio efectivo de la función
de Jurado constituirá servicio público relevante estableciendo presunción de idoneidad moral.
Quedan exentos del servicio:
A)
El Presidente de la República y los Ministros de Estado.
B)
Los titulares de cargos públicos electivos, nacionales, departamentales o locales.
C)
Los magistrados y miembros del Ministerio Público.
D)
Los funcionarios en servicio activo, judiciales, policiales y militares.
Quedan facultados para rehusar el servicio:
A)
Quienes hubieran desempeñado efectivamente la función de Jurado dentro de los dos años anteriores.
B)
Quienes justifiquen la imposibilidad de atender el servicio por razones de salud u otras absolutamente insuperables.
Artículo 5º. (Lista general de Jurados).- Cada dos años, antes del primero de marzo, la Suprema Corte de Justicia, determinará el número de Jurados que repute necesario para el despacho de
las causas penales del bienio siguiente, comunicándolo a la Corte Electoral para que ésta, dentro del plazo de sesenta días, sortee la nómina de ciudadanos activos que hayan de desempeñar
dichos cargos.
Existiendo Tribunales Penales con competencia territorial no nacional, la Suprema Corte de Justicia instruirá a la Corte Electoral a efectos de que los ciudadanos sean sorteados entre los
circuitos electorales que correspondan, en lo posible, con aquella.
Los nombramientos se efectuarán por la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta días, notificándose a los electos. En caso de justo motivo de excusación o de exención legal
serán sustituidos siguiendo el mismo procedimiento.
La lista general de Jurados, con indicación de sus respectivas ocupaciones y residencias será publicada en el Diario Oficial y dos periódicos de circulación nacional, dentro del plazo de diez
días, así como en edictos colocados en la Suprema Corte de Justicia y Tribunales Penales.
El incumplimiento a los plazos establecidos en este artículo se considera falta grave pasible de juicio político contra los omisos.
Artículo 6º. (Panel de Jurados).- Cuando deba integrarse un Jurado, el Tribunal respectivo convocará a audiencia al Ministerio Público y defensor o defensores para sortear treinta y seis jurados
a partir de la lista general. Los sorteados serán citados en la misma forma y bajo apercibimiento de las mismas sanciones que los testigos para la audiencia de instalación del Jurado de la
causa.
Artículo 7º. (Jurado de la causa).- En la audiencia de instalación del Jurado de la causa, el Ministerio Público y la Defensa podrán interrogar informal y sumariamente a los Jurados, con facultad
de recusar sin expresión de causa hasta seis Jurados por cada parte. En caso de pluralidad de imputados, el Juez distribuirá equitativamente entre ellos esa facultad.
Depurada la lista, el Juez seleccionará doce miembros, siguiendo el criterio de la máxima representatividad social, quedando los restantes como suplentes.
A continuación serán resueltas en la propia audiencia por el Juez, en forma irrecurrible, las recusaciones y excusaciones respecto de los Jurados seleccionados recurriendo en cuanto fuere
preciso a los suplentes.
El Juez tomará juramento a los doce titulares del Jurado de la causa, instruyéndolos sobre la trascendencia y responsabilidad de sus cargos.
CAPÍTULO II
PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCLUSIÓN DE LA CAUSA
Artículo 8º. (Integración del Jurado).- Una vez firme el auto de procesamiento y cuando proceda el Juicio por Jurado, el Tribunal dispondrá su instalación de acuerdo a las reglas establecidas en
el Capítulo anterior.
Artículo 9º. (Ofrecimiento de prueba).- Ambas partes, en la acusación o en su contestación, podrán proponer la repetición de diligencias probatorias, ampliación de las realizadas o nuevas,
estando al respecto a lo dispuesto en esta ley. Estas pruebas serán diligenciadas en la audiencia de conclusión de la causa.
Artículo 10. (Prueba de oficio).- En la decisión de convocatoria, el Juez ordenará, de oficio, la recepción de la prueba pertinente y útil que considere conveniente, siempre que su fuente resida en
las actuaciones practicadas.
CAPÍTULO III
AUDIENCIA DE CONCLUSIÓN DE LA CAUSA
Sección I
Disposiciones generales
Artículo 11.- La audiencia de conclusión de la causa se efectuará con la presencia de los miembros del Jurado.
Artículo 12. (Continuidad y suspensión).- La audiencia se desarrollará íntegramente en el día señalado. En el caso de ser necesaria su prórroga por agotarse el tiempo disponible, proseguirá en
el o los días consecutivos. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, computados continuamente, sólo en los casos siguientes:
1)
Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, incluso por una revelación inesperada que haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre
que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones.
2)
Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y fuere imposible o inconveniente continuar la audiencia hasta que ellos sean hechos comparecer por la fuerza pública.
3)
Cuando el Juez, o algún Jurado, el imputado, su defensor o el representante del Ministerio Público, se enfermen a tal extremo que no pudieren continuar interviniendo en la audiencia, a menos
que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente; la regla también regirá en caso de muerte del Juez, algún Jurado, del representante del Ministerio Público y del defensor.
Excepcionalmente, el Juez podrá disponer la suspensión de la audiencia, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente.
El Juez decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para todos los intervinientes.
Antes de comenzar la nueva sesión, el Juez resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El Juez ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará al
día siguiente la audiencia.
Artículo 13. (Interrupción).- Si la audiencia no se reanuda a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpida y deberá ser realizada de nuevo, desde su
iniciación. La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán la audiencia, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.
Artículo 14. (Lectura).- Sólo podrán ser incorporados para su lectura:
1)
Las actas o dictámenes, cuando todos los intervinientes presten conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan durante la audiencia, con la aquiescencia del Juez.
2)
Las declaraciones anteriores de testigos o del imputado, cuando sea necesario ayudar la memoria de quien declara o para demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas
en la audiencia y solicitar las aclaraciones pertinentes.
3)
Las declaraciones de testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por cualquier obstáculo difícil de superar no puedan declarar en la audiencia, siempre
que esas declaraciones se hayan recibido como diligencias preparatorias o como diligencias de la audiencia previa al juicio o posteriormente, siguiéndose las reglas delCódigo General del
Proceso.
4)
Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe, cuando el acto se haya producido por escrito según una autorización legal.
5)
Los dictámenes periciales, siempre que hayan sido cumplidos conforme a las reglas del Código General del Proceso, sin perjuicio del deber del perito de concurrir a la audiencia.
6)
La denuncia, la prueba documental o de informe y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal, secuestros y los reconocimientos a que el testigo eludiere en su declaración
durante la audiencia.
Artículo 15. (Imposibilidad de asistencia).- Los órganos de prueba que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen por el
Juez o por medio de exhorto a otro Juez, según los casos, pudiendo participar en el acto los demás intervinientes en la audiencia.
El Juez podrá decidir, en razón de la distancia que las declaraciones testimoniales o los dictámenes periciales se reciban en donde resida el testigo o el perito por un Juez comisionado,
labrándose el acta o el informe escrito respectivo, que se leerá en la audiencia, salvo cuando quien ofreció la prueba anticipe todos los gastos necesarios para la comparecencia de la persona
propuesta.
Artículo 16. (Deberes del Juez).- El Juez tiene el deber de asistir a los Jurados para que lleguen a la decisión justa. A tales efectos tiene amplios poderes de instruirles acerca del derecho
aplicable, resumir y comentar las pruebas y aconsejarle sobre las cuestiones de hecho que tienen que decidir. En todo caso deberá dejar especialmente aclarado que su asesoramiento es sin
perjuicio de la soberanía del jurado en sus decisiones.
Sección II
Desarrollo
Artículo 17. (Incorporación).- Los Jurados se incorporarán en la oportunidad de la apertura de la audiencia, antes de que el Juez declare abierto el debate, mediante el compromiso solemne
siguiente:
"Asumo el compromiso de juzgar este caso, en nombre del pueblo de la República Oriental del Uruguay, con justicia e imparcialidad, según la Constitución y el Derecho, con arreglo al dictado
de mi conciencia".
El compromiso será tomado de viva voz por el Juez.
Artículo 18. (División).- El debate se dividirá obligatoriamente en dos partes, tratando la primera la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado, y posteriormente, la cuestión acerca de la
determinación de la pena y aplicación de las medidas de seguridad que correspondieren.
La primera parte servirá de base para el veredicto del Jurado. La segunda servirá de base para que el Juez determine las consecuencias del veredicto referido.
Artículo 19. (Exposiciones iniciales).- Luego de la lectura de la acusación y de la contestación, se les concederán diez minutos a las partes, que podrán ser prorrogados por un término
prudencial por el Juez, a fin de que efectúen una exposición sobre las pretensiones y la prueba en que se fundan.
Artículo 20. (Alegatos).- Diligenciada la prueba, las partes tienen veinte minutos para sus alegatos, los que pueden ser prorrogados por el Juez prudencialmente. A continuación el Ministerio
puede replicar y la defensa duplicar por un lapso de diez minutos que también puede ser prorrogado por el Juez.
Siempre en todos los casos se dará la palabra en último término al imputado, quien hablará, si lo desea, por el término que le conceda el Juez.
Habiendo mas de un imputado, el tiempo para la acusación y para la defensa será doblado en relación a todos. Habiendo mas de un defensor, combinarán entre sí la distribución del tiempo,
que, a falta de entendimiento, será marcado por el Juez.
Artículo 21. (Propuesta de veredicto).- En oportunidad de alegar sobre la prueba, las partes culminarán su informe proponiendo al Jurado su veredicto.
La propuesta se deberá formular en términos claros, concretos y concisos, describirá los hechos que juzgará el Jurado, con la limitación de que no podrán sobrepasar los hechos y las
circunstancias descritas en la acusación, o, en su caso, en la modificación de la pretensión fiscal, o, de la misma manera, negará su existencia, total o parcialmente o la participación del
imputado en él, expresando la decisión que se espera del Jurado. No se podrán formular propuestas alternativas.
El Juez analizará las propuestas de veredicto y si alguna merece objeción, intimará al interviniente respectivo para que la ajuste, según las reglas del párrafo anterior. Si el interviniente no ajusta
su propuesta, conforme a la admonición del Juez, caduca su facultad de proponer, que quedará desierta.
Los hechos descritos en la acusación y en la ampliación de la misma, si existieren, más el veredicto de culpabilidad que ellos suponen, conforme a su sentido, se considerará siempre como una
propuesta de veredicto. Las propuestas de los intervinientes se harán constar en el acta del debate.
Artículo 22. (Asesoramiento final).- Clausurado el debate, el Juez entregará las propuestas, incluida la contenida en la acusación al Jurado, y le asesorará sobre las cuestiones que tienen que
considerar y las normas que rigen la deliberación.
Artículo 23. (Deliberación).- El Jurado pasa a continuación a deliberar en sesión secreta y continua, sin la presencia del Juez ni funcionario alguno.
El mismo elegirá su Presidente, y bajo su dirección, analizará las propuestas. El Jurado deberá decidir por unanimidad, pero si transcurridas dos horas de deliberación no se obtuviera, decidirá
por el voto coincidente de diez de sus integrantes. Admitirá, total o parcialmente, algunas de las propuestas y expresará su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. La sesión terminará
cuando se consiga un veredicto.
El Jurado puede estimar imprescindible, durante la deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas. A tales efectos el Presidente del Cuerpo solicitará al Juez la reapertura del
debate y la adopción de las medidas pertinentes.
En caso de alcanzar veredicto de culpabilidad, el Jurado podrá establecer el porcentaje mínimo de prisión efectiva que deba cumplir el imputado. Cuando el Jurado haga uso de esta facultad, el
mínimo de prisión efectiva deberá ser respetado aun en los casos de aplicación de los regímenes de libertad condicional, anticipada, suspensión condicional de la pena, gracia o institutos
análogos.
Artículo 24. (Pronunciamiento del veredicto).- Logrado el veredicto, el Jurado se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia y por intermedio de su Presidente lo leerá. En primer término
declarará, en nombre del pueblo, culpable o no culpable al imputado; después, leerá la propuesta que admite, y, en su caso, expresará las modificaciones parciales.
Podrá asimismo establecer el porcentaje mínimo de prisión efectiva que deba cumplir el imputado (artículo 23).
Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los Jurados.
Artículo 25. (Debate posterior).- Si el veredicto fuera de culpabilidad, el debate continuará con la recepción de los medios de prueba que se hubiesen ofrecido para individualizar la pena y
eventualmente la medida de seguridad.
Terminada la recepción de la prueba, el Juez procederá a oír a las partes, por un término de diez minutos, prorrogables prudencialmente. Los informes se limitarán a fundar las consecuencias
jurídicas del veredicto del Jurado.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad no se realizará debate posterior.
CAPÍTULO IV
ANULACIÓN DEL VEREDICTO Y NUEVO JUICIO
Artículo 26. (Anulación del veredicto).- Si la decisión del Jurado fuere manifiestamente contraria a la prueba del debate, en la misma audiencia de conclusión de la causa, el Juez anulará el
veredicto y ordenará nuevo juicio. El mismo podrá diferir la expresión de los fundamentos prorrogando la audiencia, la que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de setenta y dos horas.
La anulación será dispuesta de oficio, o a petición del Fiscal o del defensor. Contra la resolución del Juez disponiendo la anulación, así como contra la que deniega la solicitud de anulación, no
cabe el recurso de apelación.
Artículo 27. (Nuevo juicio).- En el nuevo juicio serán excluidos de las listas de Jurados quienes hayan tomado parte en el primero.
El veredicto del nuevo Jurado no es pasible de anulación por el Juez de la causa, sin perjuicio de la resultancia del recurso de casación contra la sentencia definitiva que le sigue.
CAPÍTULO V
SENTENCIA, CASACIÓN, REVISIÓN
Artículo 28. (Sentencia).- La sentencia del Juez se ajustará a las reglas del Código General del Proceso y las de esta ley, con la siguiente modificación. En lugar de la enunciación de los hechos
y de los fundamentos en cuya virtud se los tiene por probados, transcribirá las propuestas finales del Fiscal y del defensor y el veredicto del Jurado.
El veredicto de no culpabilidad será obligatorio para el Tribunal.
Si el veredicto de culpabilidad, conforme a la ley penal, no permite la aplicación de una pena o medida de seguridad, el Juez absolverá, si el Juez decidiera la exención de pena, condenará
según el veredicto de culpabilidad y expresará su decisión sobre la pena o medida de.
Artículo 29. (Casación).- Contra las sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin a la pretensión penal o hagan imposible la continuación del proceso procede el recurso de casación. Al
mismo se aplican las reglas del Código General del Proceso con las precisiones y modificaciones de esta ley.
Constituirá un motivo absoluto de casación la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución del Jurado y a la capacidad de sus miembros.
Artículo 30. (Exclusión de apelación).- Contra las sentencias indicadas en el artículo anterior no cabe el recurso de apelación.
Artículo 31. (Revisión).- Procederá el recurso de revisión en las causas previstas por esta ley.
Artículo 32. (Aplicación en el tiempo).- Esta ley entrará en vigencia a los noventa días de su promulgación, y se aplicará a los procesos judiciales pertinentes por delitos cometidos a partir de su entrada en vigencia.
España cumple 20 años de tener Juicios por Jurado
En España, y en estos últimos 20 años, han entrado en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción (desde el 2005 también en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer) un total de 10.407 procedimientos de Ley de Jurado.
Más de la mitad han terminado en juicio y un 89% de las vistas con ciudadanos ha terminado en condena, según los datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). El último de los juicios con jurado tiene lugar esta misma semana.
En Santiago de Compostela acaba de arrancar el llamado caso Asunta, en el que un tribunal popular juzga a Rosario Porto y Alfonso Basterra, acusados de la muerte de su hija Asunta. (Leer noticia completa)
Simulan un Juicio por Jurado con dirección profesional
Un grupo de actores bajo la dirección de Lito Cruz y operadores judiciales reales realizaron hoy en Rosario un simulacro de juicio por jurado para instalar el debate sobre ese mecanismo, establecido en la Constitución Nacional de 1853 pero que sólo pusieron en práctica algunas provincias.
Cruz, que ya había realizado simulacros de juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires y en el Consejo de la Magistratura, se mostró interesado en "la mezcla de ficción y realidad. Los fiscales son reales, los abogados defensores y el juez son reales, los jurados son voluntarios y los testigos y la imputada son actores rosarinos", explicó.
La actividad se desarrolló esta tarde en la sede de la Federación Gremial de Comercio de Industria de Rosario, colmado de curiosos por ver en vivo un escenario al habitualmente solo se accede a través del cine o la televisión.
En Santa Fe hay presentados proyectos de ley para instaurar este tipo de juicio, aunque aún no avanzaron en la Legislatura provincial, dijo el fiscal Carizza y explicó que "la ventaja" que ofrece "es la inclusión de la sociedad".
"Es el ciudadano medio el que participa, que es en definitiva es el que está en medio del problema cuando se comete un determinado delito y hay un proceso. En la Constitución de 1853 ya está regulado pero nunca se llegó a implementar, creo que por esa no participación de la sociedad en el proceso, ésto de alguna manera instala el debate", agregó el titular del CEP.
El caso que se expuso, un homicidio vinculado a una relación sentimental, fue construido por Cruz para las anteriores experiencias y contiene referencias reales, aunque no está basado en un hecho enteramente existente.
Doce ciudadanos rosarinos fueron convocados, como voluntarios, para conformar el jurado que debe resolver si el acusado es "culpable o no culpable", según las expresiones que se utilizan en la lectura del veredicto.
El fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, dijo que el juicio por jurado "tiende a buscar un mejoramiento del servicio de Justicia" , pues "integra a la sociedad al sistema penal, y la sociedad puede controlar a los operadores judiciales".