La Justicia neuquina materializa la reforma del Código Procesal Penal

por Sabrina Santopinto (Argentina) Mientras en la Nación trabajan en pulir los aspectos de la reforma, la Justicia neuquina se encamina a un período de transformación que cambia las reglas del juego de los procedimientos penales: los magistrados serán elegidos por sus pares, se oralizarán completamente los procesos y se aplicará el juicio por jurados de corte popular.

La reforma procesal penal fue uno de los grandes ausentes del proceso de democratización de la Justicia que viene desarrollándose desde hace algunos meses. Según coinciden abogados, jueces y especialistas en materia penal, trabajar en un nuevo Código Procesal Penal es una imperiosa necesidad que hoy se plantea en la Justicia nacional y en las provincias, que buscan un sistema que se adecue a la realidad que atraviesa el país en la actualidad.

En este contexto, el Neuquén se presenta como pionero en la materia al haber logrado un nuevo código que traerá consigo la oralización completa del sistema penal, la realización de juicios llevados adelante por jurados íntegramente populares, y la elección interna de los jueces.

“La reforma claramente está viniendo desde las provincias a la Nación”, explicó a BAE Negocios Andrés Harfuch, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) al momento que destacó que si bien el movimiento que se gestó en el Neuquén es pionero, también se están empezando a desarrollar procesos similares en el Chubut, Santiago del Estero y Entre Ríos.
Lo cierto es que frente a un proceso que viene pisando fuerte, como lo es la tan debatida reforma de la Justicia, resulta –según coinciden los especialistas– un punto fundamental avanzar sobre la modificación y actualización de los códigos Penal y Procesal Penal.
Conforme lo analiza Graciela Martínez de Corvalán, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, “la reforma procesal modifica el sistema de enjuiciamiento penal vigente. La adopción de semejante decisión implicará un profundo cambio en la estructura de la administración de justicia, lo que a su vez impactará en el servicio que presta”. La funcionaria advierte que la organización judicial actual es objeto de críticas “ya que se constituye por tribunales rígidos y fijos, lo cual genera una despersonalización de los casos a los cuales se aplican criterios jurídicos que resultan rutinarios”.
Los cambios que se vienen
Lo cierto es que a partir de enero del 2014, cuando entre en plena vigencia el nuevo Código Procesal Penal, las reglas del juego cambiarán definitivamente en la provincia del Neuquén; así, de aquí en adelante y hasta la fecha en que se comience a aplicar el nuevo código avanzan a paso firme tres leyes que estarían a punto de concretarse: se avanza en una ley de defensa pública, en la del Ministerio Público Fiscal y en la de organización pública. Ante esto, gran parte del protagonismo la tendrán los legisladores, que deben aprobar –se estima que antes de fin de año– un paquete de leyes fundamentales para que el nuevo código empiece a regir.
“Lo más profundo de todo es el cambio de la reforma estructural del sistema, dado que siempre los jueces estuvieron organizados en forma piramidal siendo la Corte la cabeza del poder. En el Neuquén esto se terminó, ya que en lo que hace a los jueces penales se llevan adelante todos los años elecciones internas en las que se designa a quienes administrarán los diferentes tribunales”, explica Harfuch.
Dentro de los principales cambios que presenta el código se encuentran: la investigación puesta en manos de los fiscales, la creación de un colegio de jueces, la publicidad de todas las audiencias, la desaparición del expediente escrito y la aplicación del juicio por jurados de corte completamente popular, para tratar los delitos con más de 14 años de prisión. Asimismo, se busca aumentar la participación de las víctimas en los procesos otorgándoles la posibilidad de hacer pedidos concretos.
Esta reforma claramente llevará a una profunda reorganización del sistema de justicia. “Se prevé una organización más democrática y horizontal de los tribunales, instaurando órganos constituidos por todos los jueces de la misma competencia, decidiéndose en cada caso en particular cuál debe ser la integración del cuerpo de decisión; esto es lo que se denomina colegio de jueces”.
Según coinciden los especialistas consultados, se espera que la Nación siga el paso de la experiencia que vienen aplicando varias provincias y dé un marco definitivo a la reforma de los códigos Penal y Procesal Penal que se viene trabajando ya desde hace algunos meses de la mano de un equipo liderado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.
Proyecto de ley orgánica del Poder Judicial del Neuquén
El Tribunal Superior de Justicia del Neuquén analiza un proyecto de ley orgánica en el que se establece que se seguirá la diferencia de categoría entre los actuales jueces de cámara y de instrucción, mientras que la integración del estratégico Tribunal de Impugnaciones podría definirse por sorteo. En este punto se ubica el mayor foco de debate, dado que el Tribunal de Impugnación tendrá competencia provincial y revisará todo lo actuado por las instancias inferiores. Mientras que el proyecto oficial contempla que esté integrado por seis de los actuales jueces de cámara, el proyecto de la Asociación de Magistrados les da prioridad a los camaristas seleccionados por el Consejo de la Magistratura, lo que dejaba afuera a todos los que accedieron al cargo antes del 2007.
Jueces penales y de Ministerio Público Fiscal del Neuquén
La Asociación de Magistrados presentó dos proyectos de leyes complementarias del nuevo Código Procesal Penal: uno regula la actividad de los jueces y el otro, la de los fiscales. En líneas generales, el primer proyecto crea un colegio de jueces “horizontal”. Esto significa que todos los magistrados tendrán la misma categoría (equivalente al actual juez de cámara) y que podrán actuar como jueces de garantías, de tribunales de juicios unipersonales, colegiados o en la dirección de juicio por jurados populares. El presidente del colegio de jueces tendrá entre sus atribuciones elaborar el presupuesto, algo que ahora hace el Tribunal Superior de Justicia.
En lo que se refiere a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para cumplir con los requisitos del proyecto habría que crear un cargo de fiscal jefe, cinco de fiscales titulares y un adjunto. Así se llegaría a un fiscal cada 9.827,5 habitantes. Propone una cuenta especial del presupuesto del Poder Judicial, y que el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia integre y presida el Consejo de la Magistratura cuando se deba decidir la designación de un integrante del Ministerio Público Fiscal.

Juicio por jurados populares
Esta reforma –que busca dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional– se plantea con el objetivo de lograr procesos más ágiles y acercar la Justicia a los ciudadanos. Se aplicará a los delitos con penas más graves y el jurado será dirigido por un juez profesional y compuesto por doce ciudadanos que decidirán si la persona es culpable o no de la acusación por la que se la juzga.
Para seleccionar el jurado, la justicia electoral de la provincia elaborará anualmente el padrón electoral por sorteo y en audiencia pública, con la intervención de la lotería se conformará la lista de ciudadanos separados por circunscripción judicial y por sexo que cumplan con las condiciones previstas en la ley.
El juicio se llevará delante de forma oral y pública y para declarar culpable al acusado será necesario reunir ocho votos como mínimo. Finalmente, con el veredicto termina la intervención del jurado y en caso de que el imputado sea declarado culpable, el juez profesional dictará la sentencia e impondrá la pena.

Con el foco puesto en un sistema acusatorio
Los datos de la justicia penal hablan de la necesidad de una urgente reforma: alrededor del 85% de los casos que ingresan nunca llegan a una solución, los plazos de resolución son excesivamente prolongados –incluso en los delitos sencillos– y la capacidad de investigación es pobre, situación que se ve reflejada en que sólo el 5% de los casos ingresados llega a juicio.
En este contexto, los fiscales que insisten con la necesidad de que se adopte un sistema acusatorio para la justicia penal. Desde el espacio Justicia Legítima avanzan en torno de la necesidad de que la Argentina logre implementar un sistema similar al que se utiliza en los Estados Unidos. “Cuando llegamos al ministerio, nos encontramos con uno de los ministerios públicos más atrasados de América latina. Nuestro sistema procesal es retrógrado, porque todos los nuevos códigos tienen un sistema acusatorio donde está estrictamente dividida la función de quien debe investigar y quien debe juzgar, y el hecho de que nosotros aún conservemos un sistema donde el que investiga también juzga es algo que no tiene un estándar alto para las garantías de los imputados y tampoco para las investigaciones o la transparencia del proceso”; así, la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, explicaba uno de los principales objetivos de su gestión, que buscará migrar a un sistema acusatorio para lograr una mayor transparencia en los procesos. En este escenario, se busca dotar de mayores atribuciones a los fiscales con el fin de que sean los encargados exclusivos de llevar adelante las investigaciones de las causas. Álvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, advirtió que los proyectos existentes en la materia prevén el fortalecimiento del rol de los fiscales en el marco de procesos netamente orales. “Una reforma de este tipo cambia por completo el rol que jueces y fiscales tienen en la actualidad. Permitiría que los fiscales se conviertan en verdaderos impulsores del proceso penal, llevando adelante la investigación, cosa que hoy está a cargo de los jueces y sólo la delegan de manera discrecional”, indica. En este punto, el especialista explica que los fiscales pasarían a ser los líderes de la investigación y los jueces serían árbitros del proceso.
Lo cierto es que se busca una reforma del Código Procesal Penal que apunte a una redefinición en el rol de los jueces y los fiscales y que, por sobre todas las cosas, no vulnere los derechos y garantías de las personas sometidas a un proceso judicial, sean imputadas o víctimas.
En ese sentido, la jueza en lo penal económico Karina Perilli explicó que “se tiende a un proceso acusatorio pleno; en principio la idea sería que un fiscal presente el caso al juez y que de esta forma se establezca un reordenamiento del rol de los jueces y los fiscales”.
Consultado sobre la idea de que los jueces puedan perder potestades frente a este sistema, el ministro de Justicia, Julio Alak, indica que es una iniciativa que, “en líneas generales, cuenta con un amplio nivel de consenso, y sigue la tendencia de la mayoría de los países de la región desde la recuperación de sus órdenes democráticos. Es cierto que, entre muchas otras cuestiones, un esquema de enjuiciamiento más moderno debe procurar determinar con mayor claridad los roles que debe cumplir cada uno de los actores que intervienen durante el proceso”.
Lo cierto es que desde el inicio de la democracia se intentó aplicar este cambio en cinco oportunidades fallidas. La implementación del sistema acusatorio daría cumplimiento a la Constitución Nacional, más allá de que exista como agravante el hecho de que la legislación vigente no esté pensada dentro de los parámetros de este sistema.
Consultados sobre las bondades de la implementación del sistema acusatorio, los juristas coincidieron en que se garantizaría una mayor capacidad de investigación, mayor respeto por los derechos de los imputados y mayor transparencia del proceso.
La realidad es que en el país existen ya modelos de códigos procesales de neto corte acusatorio como los incorporados en las provincias del Chubut, La Pampa o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asimismo, se encuentra en proceso de implementación en Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero.
El modelo acusatorio podría actuar como un gran avance en la lucha contra la corrupción, ya que hoy los procesos penales –bajo la dirección de los jueces federales– suelen durar años, no avanzan de manera significativa y casi ninguna investigación por corrupción llega a juicio oral.