ARGENTINA. El diputado argentino Juan Carlos Tenessi dijo "Esto tiene que ver con que la justicia ha dictado fallos que no le gustan al gobierno", dijo. La reforma judicial: uno de los temas políticos más controversiales de las últimas semanas que, ante diversos debates y opiniones, parece inagotable.
En esta oportunidad, Carlos González entrevistó al respecto a Juan Pedro Tunessi, abogado, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, secretario general de la UCR e integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales.
- ¿En qué consiste esta reforma judicial?
Básicamente la reforma no es a la ley, como se dice. Lo que se está reformando es la Constitución Nacional, porque en el proyecto se pretende que los consejeros generales del Consejo de la Magistratura, que son quienes designan y remueven a los jueces, sean elegidos a través del voto en la elección general y pegados a las boletas de los partidos políticos. Es una partidización directa del máximo órgano judicial, y es una forma de que un partido se quede con la mayoría y con el control total y absoluto en la designación y remoción de los jueces. Y eso es exactamente lo contrario de lo que quiere la Constitución.
Se creó un Consejo de la Magistratura para que el poder de turno no pueda poner y sacar jueces a su antojo y conveniencia. Esto no quiere decir que los jueces tengan que estar en contra del gobierno, pero tienen que saber ponerle límites. Es un poder contra mayoritario. Es decir, está para garantizar la vigencia de la Constitución y para proteger a las minorías de los desbordes de la mayoría.
- Entonces esta medida rompe la democracia republicana, que se basa fundamentalmente en la división de los tres poderes.
Indudablemente es así. Van por la colonización del último poder que queda. Van a vaciar la Corte. La segunda reforma es crear cámaras de casación, lo que significaría una cuarta instancia. Estamos diciendo que la justicia es muy lenta y muy burocrática, cosa que sabemos y que hemos tratado de cambiar mediante la presentación de varios proyectos, y ahora, en nombre de la democratización, agregamos una nueva instancia para poner en todos los fueros una cámara más.
Tenemos en primera instancia el juez, en segunda casación y después la corte. Entonces, un jubilado que tiene que reclamar por la actualización de sus haberes o alguien que tiene que ir a reclamar porque no le cumplen con un servicio público, va a tener que esperar seis, siete u ocho años para que haya una sentencia. ¿Qué acercamiento de la justicia a la gente es esto? Le quitan el poder a la Corte.
Cuando la Presidenta Cristina Fernández era senadora y el Consejo tenía veinte miembros, dijo que era una vergüenza tal cantidad, se quejó de lo burocrático del sistema y afirmó que había que terminarlo. Así, bajaron los miembros a trece. Ahí se denunció el rompimiento del equilibrio que pide la Constitución Nacional, con lo cual siempre el poder de turno se quedaba con la bolilla negra para remover o nombrar jueces. Es decir que siempre se precisa el voto del oficialismo.
- Esto significa que ahora los jueces se pueden destituir por mayoría simple y no con los dos tercios.
Exactamente. Esto se contradice y no sólo con los propios actos de la Presidenta, ya que ahora llevan otra vez los miembros a diecinueve; que no son tales porque, como va a haber una transición y se van a elegir algunos, en algún momento el Consejo de la Magistratura va a llegar a tener veinticinco miembros. Se eliminan los dos tercios y se eliminan las incompatibilidades. Es decir que la misma Presidenta, el vicepresidente, un diputado o cualquiera podría ser candidato a consejero de la magistratura. Entonces, es una enormidad.
- Además, lo que la gente elegiría es un elector del juez y no al juez directamente.
Así es. Los consejeros son los que se reúnen en distintas situaciones, analizan y toman un curso, si determinan quiénes son los jueces. Ahora puede haber candidaturas testimoniales.
- Entonces un gobernador puede ser elector de los jueces y elegir quién lo va a juzgar a él.
Sí. El Consejo está conformado por representantes de los jueces, de los abogados, del mundo académico y de los poderes electos popularmente; es decir: del Congreso y del Poder Ejecutivo nacional.
Ahora, si los elegimos a todos mediante la representación popular, me imagino a los jueces haciendo campaña electoral con un partido político. ¿Quién le banca la campaña a un juez en un distrito único, nacional, para que lo elijan? Se lo va a hacer el partido político que lo lleva en su boleta. Entonces, el oficialismo va a poder tener -éste o cualquiera- el control total y absoluto del Consejo de la Magistratura. Quiere decir que, mediante un trámite expeditivo exprés, pueden echar a un juez que no le gusta al gobierno. Así como se puede designar a alguien que responda totalmente a sus intereses. Una locura.
Realmente me parece que han cruzado un límite total. Creo que hay que movilizar a la sociedad, porque en nombre de una "democratización judicial" se hace una demagogia. Suena lindo proclamar que la gente vote, pero no significa que quien tiene la mayoría haga y deshaga a su antojo. Eso no es la democracia. La democracia es el gobierno de la mayoría con el respeto de las minorías. Así, el poder de turno no hace lo que quiere, sino lo que la ley le indica que tiene que hacer.
Es un absurdo. Si se quiere involucrar a la ciudadanía y democratizar la justicia discutamos y votemos un modelo de juicio por jurado. Funciona en Córdoba, se están analizando en la provincia de Buenos Aires. Es decir que personas que se inscriben o son electas para una determinada lista, pueden participar en determinados delitos del juzgamiento de una persona.
Está previsto y funciona. En Estado Unidos lo vemos constantemente. El funcionamiento es expeditivo, está presente la oralidad, y promueve quitarle la idea de lo puramente escriturario, de todo el papel y los expedientes. Quitar toda esta idea de nepotismo que hay en la justicia. Por supuesto que debe haber concurso y que debe ser transparente; no debe ser una justicia a la que entren sólo los amigos, ni ser cerrada, burocrática, oscura. Nadie quiere eso. Pero que el gobierno empiece por casa, por poner concurso para meter empleados en el gobierno, donde ha metido miles de empleados sin ningún tipo de concurso por cuestión de amistad.
Esto nos lleva a países como Venezuela, Cuba o algún país de la Europa oriental. No conozco todo el derecho comparado, pero la justicia siempre es independiente. Nadie dice que no deba ser independiente de los poderes, que hay poderes fácticos que influyen, como el económico, los medios de comunicación, la capacidad de lobby? Estamos de acuerdo con todo eso, pero no justifica que vayamos politizando la justicia y la hagamos adicta al gobierno. Por lo contrario, caemos en el absurdo de que, como no le gustaba el fiscal que investigaba a Boudou junto al procurador general de la Corte, los echaron. Ese es el mejor ejemplo de lo que quieren hacer. Por eso una reforma de este tipo persigue impunidad. Y tiene que ver con que la justicia ha dictado fallos que no le gustan al gobierno. Esa es la única razón por la que se está haciendo esta reforma.
- También se modifican las medidas cautelares?
Por supuesto que hay medidas cautelares que duran demasiado tiempo, pero no se solucionan eliminándolas. Se soluciona no haciendo más lenta la justicia, resolviendo el caso concreto.
Prácticamente las eliminan, excepto cuando se trata de cuestiones patrimoniales, quedando afuera muchos derechos. Ya no hablemos de las empresas y corporaciones, como lo pide el gobierno. Un ciudadano común que tiene que litigar contra el Estado, al que no le respetan sus derechos, ¿cómo va a hacer si no puede pedir una medida cautelar? Va a tener que esperar tres años a que termine el juicio y después, si lo gana, el Estado le pagará alguna indemnización. Una persona va a vivir toda la vida pleiteando. Es una locura.
Las medidas cautelares justamente tienen la idea de preservar el derecho de una persona hasta tanto se termine el juicio. Esa es la verdad. Y estas medidas funcionan en todas partes del mundo. Que funcionen mal aquí, en algunos lugares, no quiere decir que las tengamos que eliminar. Es una barbaridad.
- Se comenta que habrá una acción conjunta de las fuerzas de la oposición en las escalinatas de Tribunales, en contra de esta reforma.
Vamos a estar todos, porque nosotros en diciembre firmamos un acta acuerdo en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, y estuvieron todos allí: Binner, Macri, Alfonsín, Cobos, Pino Solanas? Ahí, lo que queda en claro, no es que estemos interesados en hacer un frente todos juntos. Tiene que ver con que nos unimos para defender valores republicanos y democráticos. Y este es el caso.
Esto está previsto en ese documento que firmamos en diciembre. Ahora se ha disparado la alarma y tenemos que actuar en consecuencia. Démosle a la ciudadanía la seguridad y la tranquilidad de que, al menos desde la oposición, en los pilares básicos del sistema vamos a estar de acuerdo.
- ¿La reforma ingresó por la comisión de asuntos institucionales o de justicia?
Van a venir las dos comisiones conjuntas, pero primero nos quieren hacer morder el bocadito más apetitoso, que son los tres proyectos en los que estamos de acuerdo, como la meritocracia para los cargos en la justicia y la publicación web de las declaraciones juradas de los jueces. Pero ese no es el corazón de la reforma.
- El corazón es la elección de los magistrados, las medidas cautelares y las cámaras de casación.
Exactamente. Es lo que viene por el Senado, a lo que ya le han sacado dictamen rápidamente. Ahora, fijémonos en un detalle: Aníbal Fernández dijo que no había que tocarle ni una coma y que, si había un error material, tampoco lo iban a tocar. Entonces, invitan a un debate express. Se te ríen en la cara. Pero advirtieron un ’errorcito’: no se explicitaba que la presentación era por partido. Entonces pensaron que, si la oposición presentaba por conjunto consejeros al Consejo de la Magistratura, posiblemente ganara la elección. Entonces, ahí sí cambiaron. Una verdadera vergüenza.
Dios quiera que podamos involucrarnos y resolver estas cosas de manera razonable. Nosotros no queremos decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer, queremos ponerle un freno. Porque las reglas de la democracia y sus principios básicos no son del oficialismo ni de una mayoría sustancial, son el patrimonio de todos los argentinos.
